martes, 7 de diciembre de 2010

MENSAJE DE MICHELLE BACHELET, ONU MUJERES


Fin de la violencia contra las mujeres
Nosotras y nosotros debemos unirnos

Mensaje de la Subsecretaria General Michelle Bachelet, ONU Mujeres
Nosotras y nosotros nos unimos a las millones de mujeres y hombres, grupos sociales, redes por los derechos de las mujeres, contrapartes gubernamentales, parlamentarias y parlamentarios, trabajadoras y trabajadores de salud, profesoras y profesores y todas aquellas personas que han hecho del 25 de noviembre – Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres – un día para unir y renovar nuestro compromiso común para poner fin a la pandemia global de violencia contra las mujeres.


En todo el mundo, mujeres y niñas continúan sufriendo la violencia dentro y fuera de sus casas, muchas veces por manos de sus compañeros íntimos o personas de su confianza. La violencia de género, especialmente la violencia sexual, se ha convertido en una característica complicada y persistente en las situaciones de conflicto armado. El fin de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres es un imperativo moral y un compromiso que todas y todos debemos enfrentar juntos. El impacto de tal flagelo en la sociedad – psicológico, físico y económico – no puede ser más evidente. Enfrentar esta violación persistente también puede revertir el impacto económico de la significativa caída de productividad y del crecimiento de los gastos derivados de los cuidados de salud – fondos pagados para un problema evitable.

La campaña del Secretario General ÚNETE para poner fin a violencia contra las mujeres” ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos para poner fin a violencia contra las mujeres. Más de 130 países han creado leyes contra la violencia doméstica, pero es preciso hacer más para aplicarlas y acabar con la impunidad. La campaña ha logrado el apoyo de muchos hombres y organizaciones de hombres para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, sin embargo, todavía precisamos combatir actitudes y comportamientos que permitan o estimulen esa violencia. Necesitamos servicios que permitan a los millones de mujeres y niñas que sufren abusos todos los años tengan condiciones de recuperarse y obtener justicia. Tenemos que someter a la justicia a los responsables de la violencia. Tenemos de intensificar los esfuerzos de prevención para que algún día no tengamos más necesidad de reunirnos en el 25 de noviembre por el fin de la violencia contra las mujeres.

La unión de esfuerzos para acabar con la violencia es responsabilidad de todas y todos. Gobiernos, empresas privadas, grupos de la sociedad civil, comunidades y ciudadanos pueden dar contribuciones esenciales. Hombres y niños deben ser activamente en incentivar el respecto por las mujeres y la tolerancia zero con la violencia. Líderes culturales y religiosos pueden enviar mensajes claros sobre el valor de un mundo libre de violencia contra las mujeres.

Tan importante como nuestra unión para poner fin a la violencia es asumirnos la responsabilidad de aportar recursos suficientes para esta finalidad. Hasta el momento, la inversión no ha sido suficiente. El año pasado, el Fondo Fiduciário de las Naciones Unidas para las Mujeres atendió sólamente el 3% de las propuestas que se recibieron de los programas esenciales para los avances. El Fondo tiene el objetivo de financiar USS 100 mil millones en proyectos por año, que nosotras y nosotros debemos luchas por alcanzar. Los fondos son destinados a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas que estén a la frente de acciones de advocacy y de innovación para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.

Paso a paso, podremos trabajar juntas y juntos para el día en que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y desarrollar todo su potencial como poderosas agentes de sociedades prósperas y pacificas.

FUENTE: PIDHDD

APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO EN TODAS SUS FORMAS Y MANIFESTACIONES


Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberamericanos, reunidos en Mar del Plata, Argentina, en ocasión de la XX Cumbre Iberoamericana:

Reiteramos nuestra total condena de todo acto de terrorismo como acto criminal e injustificable y reafirmamos nuestro compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, con estricto apego al Derecho Internacional, a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, para lo cual, entre otras acciones, reforzaremos siempre que sea necesario nuestras legislaciones nacionales y promoveremos una cooperación internacional activa y eficaz para prevenir, investigar, sancionar y eliminar toda manifestación de este flagelo. Asimismo, nos comprometemos a tomar medidas para prevenir, penalizar y eliminar el financiamiento y la preparación de cualquier acto terrorista y a negarle refugio a los instigadores, financiadores, autores, promotores o participantes en actividades terroristas, de conformidad con el marco jurídico internacional, incluyendo las convenciones internacionales respectivas y las resoluciones relevantes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la Estrategia Global contra el terrorismo de Naciones Unidas adoptada en septiembre de 2006 y reiteramos nuestra determinación de aplicar los principios recogidos en la estrategia y desarrollar todas las medidas que se contemplan en la misma como la vía más eficaz para acabar con la amenaza del terrorismo y asegurar a la vez el pleno respeto del Estado de derecho y respeto por los Derechos Humanos. Saludamos igualmente el trabajo realizado por el Equipo del Secretario General de Naciones Unidas para la aplicación de la Estrategia en difundir y coordinar la labor del sistema de Naciones Unidas para la aplicación integral de la misma.

Reafirmamos la necesidad de evitar la impunidad para aquellos que cometen actos de terrorismo e instamos a todos los Estados a que, de conformidad con lo establecido en el Derecho Internacional, cooperen plenamente en la lucha contra el terrorismo, especialmente con aquellos en cuyo territorio o contra cuyos ciudadanos se cometan actos de terrorismo, a fin de encontrar, capturar y negar refugio seguro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamiento o la extradición, y su propia legislación nacional, a quien apoye o facilite la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o la provisión de refugio seguro o participe o intente participar en esos actos.

Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y familiares de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que actos de esta naturaleza hayan ocurrido e independientemente de quienes hayan participado y cometido dichos actos, de quienes lo hayan patrocinado y financiado y de las motivaciones que se aleguen como pretexto a tales crímenes.

Instamos a todos los Estados a asegurar, de conformidad con el Derecho Internacional, que la condición de refugiado o asilado no sea utilizada de modo ilegítimo por los financiadores, autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de personas requeridas por la justicia a efectos de decidir sobre su responsabilidad en actos de terrorismo.

Reafirmamos los Comunicados Especiales sobre Terrorismo adoptados en las XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX Cumbres Iberoamericanas, rechazamos el hecho de que el responsable del atentado terrorista a una aeronave de Cubana de Aviación en octubre de 1976, que causó la muerte a 73 civiles inocentes, no haya sido enjuiciado por terrorismo, y apoyamos las gestiones para lograr su extradición o llevarlo ante la justicia.

Reafirmamos el valor de la extradición como herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo y exhortamos a aquellos Estados que han recibido solicitudes de extradición de terroristas presentadas por Estados miembros de nuestra Comunidad, que procedan a considerarlas debidamente, con pleno apego al marco legal aplicable.

Llamamos a todos los Estados que no lo hayan hecho, a que consideren la posibilidad de formar parte, urgentemente, de todas las convenciones y protocolos relativos al terrorismo, para cumplir con las obligaciones derivadas de dichos instrumentos, así como también de todos los acuerdos internacionales que los compelen a prestar asistencia jurídica, enjuiciar y penalizar con prontitud y de manera apropiada, a quienes financian, patrocinan, participan y cometen, actos terroristas, siempre con estricto apego al Derecho Internacional y con respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y la legislación nacional de cada Estado, en particular, los cometidos contra medios públicos de transporte de carga o pasajeros, contra representaciones diplomáticas, instalaciones turísticas u otras instalaciones públicas.

Seguiremos trabajando para adoptar las medidas que sean necesarias y adecuadas y conformes con nuestras respectivas obligaciones en virtud del Derecho Internacional a fin de prohibir por ley la incitación a cometer actos terroristas y prevenir las conductas de esa índole.

Solicitamos a los Estados que en el marco de las Naciones Unidas cooperen para llegar a un acuerdo sobre un convenio general contra el terrorismo internacional y concertarlo, resolviendo las cuestiones que todavía subsisten como un obstáculo para el logro de la Convención, incluyendo las relativas a la definición jurídica y el alcance de los actos abarcados por el convenio, a fin de que pueda servir como instrumento eficaz de lucha contra el terrorismo. Nos comprometemos a seguir cooperando activamente con los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en la prevención y el combate al terrorismo.
Reiteramos nuestra profunda solidaridad con las víctimas de actos terroristas, expresamos nuestro deseo de que reciban el apoyo necesario y manifestamos la oportunidad de que el Secretario General de las Naciones Unidas de continuidad al I Simposio Internacional de Naciones Unidas de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo celebrado en 2008.

Trabajaremos para que la solidaridad de la Comunidad Internacional pueda traducirse en la creación en el marco de Naciones Unidas de un mecanismo práctico de asistencia internacional a las víctimas del terrorismo.

Fuente: Presidencia de la Nación.

COMBATE CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN TODAS SUS FORMAS Y MANIFESTACIONES

"Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Mar del Plata, República Argentina, en ocasión de la XX Cumbre Iberoamericana, afirman:

Que las nuevas tendencias, formas y manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional, especialmente de los delitos del tráfico ilícito de drogas, incluyendo al desvío de precursores químicos, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, la trata de personas, así como el terrorismo y la corrupción, han generado un incremento en los índices de violencia en la región, que preocupa a nuestros ciudadanos por el impacto negativo en el bienestar, la seguridad y el desarrollo económico de nuestras sociedades.

Que el problema de la delincuencia organizada transnacional debe enfrentarse de manera coordinada, y bajo un enfoque integral y equilibrado, y con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de cada Estado, al estado de derecho y a la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales de los individuos.

Que el incremento de la violencia contra migrantes por parte de las redes de la delincuencia organizada transnacional que causa innumerables víctimas, hace indispensable reafirmar el compromiso de los Estados iberoamericanos con el fortalecimiento de las acciones nacionales, con la cooperación bilateral, regional, multilateral e iberoamericana para prevenir y combatir las acciones de los grupos criminales transnacionales contra los migrantes, en sus respectivos territorios y con la adecuada atención y asistencia a las víctimas.

Por ello, conscientes de la importancia de fortalecer las capacidades nacionales, refrendan el compromiso de cooperar para adoptar medidas y fortalecer las acciones encaminadas a hacer frente con mayor eficacia a los problemas generados por la delincuencia organizada transnacional, a través del incremento del intercambio de experiencias y buenas prácticas, el fortalecimiento de los programas de prevención y control, el intercambio de información, la cooperación judicial, la asistencia jurídica mutua, el fortalecimiento de las legislaciones nacionales, de conformidad con los estándares internacionales aplicables y la evolución del crimen organizado, y el incremento de los programas de capacitación. Lo anterior,en plena concordancia con los trabajos que se llevan a cabo en el marco de los organismos internacionales con competencia en la materia, evitando con ello la duplicación de esfuerzos y maximizando los recursos humanos y financieros con que se cuenta.

Fuente: Presidencia de la Nación.

sistema de iluminación con paneles solares para comunidades Santacruceñas




El día treinta de noviembre en la localidad de Las Heras se llevó a cabo una reunión entre integrantes de las comunidades Mapuche y Tehuelche de zona norte, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a través del Instituto de Energía, representado por la ingeniera Claudia Laurlund y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (Humberto Quiñonez) para presentar el Proyecto PERMER (Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales) presentado por la Secretaría de Energía de la Nación, representada por la ingeniera Marta Carrizo.
El sistema contempla la instalación de equipos de energía solar individuales para cada hogar consistente en dos paneles solares, una batería de acumulación, cuatro luminarias de 12 volts y dos tomas corrientes de idéntico voltaje y cuya instalación está prevista para mediados del mes de febrero o principio de marzo del año próximo, los que serán instalados por una empresa que el instituto de Energía de la Provincia contratará, realizándose además el mantenimiento, ya que los mismos requieren de los cuidados y controles específicos aplicada por profesionales idóneos.
Respecto del costo de los mismos las autoridades adelantaron que estará a cargo
de la Secretaría de Energía de Nación quien ya ha adquiridos los equipos y estarán subvencionados con aportes de la provincia de Santa Cruz y en un pequeño porcentaje va a estar a cargo del usuario, que no aportará más de lo que lo hace para mantener el sistema de iluminación con los que se cuenta en la actualidad.
Una reunión similar se llevó a cabo el 1 de diciembre en la Escuela de Camusu Aike, donde asistieron gran cantidad de representantes de las comunidades allí instaladas, junto a integrantes del CPI (Consejo Provincial Indígena) en la que se explicaron las bondades y beneficios de este sistema.
Respecto de la implementación de este programa, el secretario de Estado de Derechos Humanos, Humberto Quiñonez manifestó que “Se está instalando en todo el país, siendo Santa Cruz una de las que menos equipamiento requiere llegando a aproximadamente quinientos equipos, ya que el programa contempla a toda persona que no tenga acceso a una línea eléctrica convencional, pongo por ejemplo a un a un puestero que esté instalado en cualquier punto de la provincia, siendo el equipamiento propiedad de la provincia, a través de un contrato de comodato y podrá ser trasladado a un nuevo punto con la correspondiente autorización”
Quiñonez sostuvo que “nos pareció una buena medida y acompañamos de buen grado la misma, nosotros hicimos las correspondientes invitaciones para profundizar en este tema y calculamos que en el mes de febrero estarán instalados en la comunidad de Camusu Aike, en tanto en zona norte tenemos que hacer una reunión con todos los integrantes para ver quienes están de acuerdo con esta iniciativa y quienes no”.

Secretaría de Estado de Derechos Humanos- Ministerio de Gobierno
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz

ACTO DE EGRESO DE AGENTES DE POLICIA


En el gimnasio mayor de la Escuela de Policía de la provincia “Eduardo Victoriano Taret”, se realizó el acto de egreso del Cuadragésimo curso de agentes de Policía con Alta de Comisión.
La ceremonia estuvo presidida por el vicegobernador Hernán Martínez Crespo, acompañado por el intendente Héctor Roquel; el secretario de Estado de Derechos Humanos, Humberto Quiñoñes y el subjefe de Policía, Crio. Gral. Víctor Heraclio Pellón.
Este año, con el aval del Programa Nacional de Educación, Capacitación y Actualización de los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad, dependientes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, 45 agentes de la Policía aprobaron el primer curso para la formación de nuevos agentes de Policía. Se trata de auxiliares de seguridad comunitaria, que fueron formados para su posterior desenvolvimiento policial.
Tras el Himno Nacional Argentino, el capellán de la Fuerza, Daniel Acevedo, bendijo los despachos, premios y uniformes de los agentes Alta en Comisión que finalizaron el curso.
Posteriormente, se entregaron los premios a los mejores promedios. El intendente fue el encargado de entregar el premio ”Municipalidad de Río Gallegos” al segundo promedio general, el agente Pedro Ulises Pecheira.
FUENTE: LA OPINIÓN AUTRAL

lunes, 6 de diciembre de 2010

La UNCuyo entregará doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto


La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recibirá el próximo martes la distinción por su defensa de los derechos humanos

La Universidad Nacional de Cuyo entregará a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, un doctorado Honoris Causa por su defensa de los derechos humanos y su lucha contra la impunidad.

Carlotto recibirá el título honorífico de manos del rector Arturo Somoza el martes en el Teatro Universidad.

El reconocimiento estaba previsto para el 29 de octubre, pero fue suspendido a raíz de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

La universidad dijo que la máxima distinción honorífica que otorga el Consejo Superior fue solicitada por la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica (C.E.D.H.E.) y la Federación Universitaria de Cuyo (F.U.C.), y avalada por las secretarías de Bienestar Universitario y Académica.

El pedido se fundamenta "en el compromiso con el respeto y la defensa irrestricta de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra la impunidad, la consolidación de nuestra institucionalidad democrática y la construcción de la memoria en nuestro colectivo social, para la búsqueda de la verdad y la actuación de la Justicia como valores fundantes de nuestra formación académica", según el comunicado de la universidad.

Asimismo, consideró que Carlotto es referente en la lucha "inclaudicable por la restitución de la identidad de aquellos niños y niñas, hoy jóvenes, que fueron apropiados por los captores de sus padres secuestrados, muertos o desaparecidos durante la dictadura militar".

Su figura, destacó, "ha excedido la dimensión de la tragedia personal y constituye un verdadero ejemplo de los más altos valores éticos y sociales".
fuente: LOS ANDES ON LINE

Congreso de países del MERCOSUR sobre Bioética y Derechos Humanos - Derecho a la Salud

Duhalde: “La bioética y derechos humanos y el derecho a la salud son políticas fundamentales”

“Estoy convencido de que la ética de nuestro tiempo es la defensa de los derechos humanos convertida ya en filosofía política referenciadora del contenido democrático universal. Y por lógica consecuencia, la dignidad humana, la bioética y la salud no son conceptos abstractos sino concretos. Por ello, bienvenido Congreso como el presente que analiza estos conceptos sustantivos de la realidad de nuestros países en temáticas sobre políticas públicas relativas al desarrollo científico tecnológico, los grupos en situación de vulnerabilidad y responsabilidad en salud. Pero es fundamental analizar esas políticas en relación a los modelos de Estado de que se trata”, expresó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde en Congreso de países del MERCOSUR sobre Bioética y Derechos Humanos – Derecho a la Salud, y saludó especialmente a “los compañeros latinoamericano presentes”.

Duhalde señaló que para la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo la bioética y derechos humanos y el derecho a la salud son políticas fundamentales dentro de la protección a los derechos humanos con referencia a la dignidad humana. “No hay Estados abstractos sino Estados concretos diferenciados en torno a un modelo de país. No es lo mismo un Estado constituido en la aplicación de políticas del neoliberalismo salvaje o constituido con la voluntad de un modelo transformador tendiente a combatir inequidades y desigualdades sociales” señaló el secretario de Derechos Humanos, ejemplificando dicho proceso en países de América Latina -con sus particularidades específicas- como sucede con Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El funcionario sostuvo que “si hablamos de bioética estamos haciendo mención a una rama nueva de la ciencia que nace a principios de la década del ´70 y cuya paternidad se suele atribuir a Van Rensselaer Potter”. Y agregó: “Aunque el verdadero nacimiento está en Núremberg, en 1947, en respuesta a los experimentos del nazismo, también un hito fundamental fue la Declaración Helsinki de principios que tuvieran su consagración en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuyo impulso tuvieron un papel fundamental los países de América Latina y especialmente Argentina a través del doctor Juan Carlos Tealdi”.

Duhalde explicó que esta protección de derechos ha demostrado que el combate ético no estaba concluido frente a la utilización de dobles estándares: Uno para los países del primer mundo y el otro para el resto de los países mal llamados en vías de desarrollo. “En esto enfrentamos –sostuvo- el desarrollo geométrico, tecnológico y el crecimiento de la industria farmacológica beneficiaria de esos dos estándares en sus experimentaciones médicas donde los países más pobres se convierten en el laboratorio de experimentación como si fueran conejitos de india”.

En lo que hace especialmente en el derecho a la salud, dijo que las políticas públicas están estrictamente relacionadas con el modelo de Estado, e hizo hincapié en que en ella se inscribe también la situación de los migrantes. “Hoy asistimos –enfatizó- al estallido de las economías globalizadas del primer mundo y allí vemos cómo los ajustes en su crisis económica comienzan con gravísimos recortes de las políticas garantizadoras de derechos humanos de los sectores más vulnerables de sus poblaciones, entre ellos precisamente la protección al derecho a la salud”.

“Hoy el llamado estado de bienestar en esos países se asemeja a los fósiles de la prehistoria” reflexionó Duhalde; y sostuvo que si bien es justo y correcto los análisis puntuales de cada problemática en cada país, “no podemos disociar la de su modelo de estado y de la convicción de que las políticas asistenciales no están divorciadas de la lucha por un modelo de transformación que tenga como fundamento ético el objetivo de la vigencia global de los derechos humanos”.

El Congreso, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires; y BIO&SUR, Asociación de Bioética y Derechos Humanos, se propone profundizar la comprensión de las complejas y poderosas relaciones entre salud y desarrollo científico en el campo de la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas, desde un marco universal de Bioética y Derechos Humanos, para proponer alternativas prácticas en la formulación de políticas públicas que puedan responder a estos desafíos. Dicha actividad cuenta con el auspicio del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas; y fue declarada de interés por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Los objetivos específicos del encuentro son: describir la situación actual del derecho a la salud y del derecho al goce de los beneficios del progreso científico en los países de la Región; reflexionar sobre las políticas públicas que se están implementando para garantizar dichos derechos; y proponer alternativas para una mayor identificación, documentación y respuesta a dichas situaciones a través del cumplimiento de las obligaciones de los Estados y la participación de la sociedad civil en el diseño y aplicación de políticas públicas.

Durante el transcurso del Congreso, que fue precedido de un Precongreso el día 2 de diciembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, expertos de Argentina, el MERCOSUR y de otros países, trabajarán tres ejes. Los mismos son: 1) Desarrollo científico-tecnológico (genética forense e identidad, protección de las personas en investigaciones biomédicas, acceso al medicamento); 2) Grupos en situación en vulnerabilidad (violencia y salud de los migrantes, salud integral de las personas con discapacidad, salud de los pueblos originarios; 3) Responsabilidad en salud: embarazo en la adolescencia y derechos reproductivos, prevención de la mortalidad materna; aborto no punible.

Morris Tidball-Binz (Cruz Roja Internacional); Saúl Franco (Universidad Nacional de Colombia); Ana Costa (Centro Brasileño de Estudios de Salud); Juan Carlos Tealdi (BIO&SUR); Eduardo Joly (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad); Leticia Rieppi (Ministerio de Salud Pública de Uruguay); Gianni Tognoni (Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri – Italia); Martha Rosemberg (Foro por los derechos reproductivos – Argentina); Andrés Carrasco (CONICET); Alicia Stolkiner (Cátedra Salud Pública y Salud); entre otros expertos, disertarán durante las jornadas de trabajo.

El congreso se desarrolla en Buenos Aires durante los días 2, 3 y 4 de diciembre.

FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS