La OEA publicó en su web que, tal como lo solicitó Argentina, el tema se incorporó al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental. La ONU apoyó la propuesta.
Otro significativo respaldo internacional recibió la posición argentina sobre la necesidad de avanzar en la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas, al publicar la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su portal oficial, la incorporación de ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012.
En ese sentido, en un documento del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se reconoció que “esa aceptación representa un paso decisivo en la lucha contra la trata de personas, que es uno de los más aberrantes delitos que conforman el crimen organizado transnacional”.
Voceros oficiales recordaron además que “la Organización de las Naciones Unidas otorgó también un respaldo internacional clave a la propuesta argentina de avanzar sobre la revisión de las legislaciones para poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas”.
Cabe recordar que en junio último, se conoció un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se elevó a Nivel Dos la calificación argentina en torno a las mejoras en "los mecanismos gubernamentales” vinculados a la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas.
Según se informó, la publicación de la OEA está disponible en el link http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio_noticias.asp; en tanto que el proyecto de resolución redactado y presentado por Argentina ante la ONU en mayo último, y que se aprobó por votación unánime, puede verse en www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session19/Resolutions/ECN152010_L12_Rev1sV1053951.pdf)
Esa iniciativa recibió el respaldo unánime de los países participantes del 19° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (ONU), desarrollado en Viena en mayo último.
La resolución permitió que Argentina consagre universalmente la necesidad de visualizar negativamente la figura del cliente, y la necesidad de reflexionar acerca de su sanción o penalización. Por otro lado, la aprobación por parte de la ONU implica que en todos los foros regionales y subregionales comience a abordarse la problemática del cliente, usuario o consumidor de trata, tal como ahora lo estableció la Organización de los Estados Americanos.
Según explicaron fuentes ministeriales, “el desafío que se planteó internacionalmente fue decir que para desalentar la demanda, tal como plantea el Protocolo de Palermo, es preciso desenmascarar al cliente, porque sin cliente no hay trata”.
La posición argentina
El primer paso para instalar internacionalmente la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado “cliente de trata” se dio en la 2ª Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizada por el ministerio de Justicia de Argentina en marzo de 2009.
Allí, la presidenta Cristina Fernández dijo: “Es básico admitir que sin la existencia de las personas que pagan para poder acceder a personas que están sometidas a esclavitud sexual o de otras características, sería imposible que esto se cometiera. Con lo cual, el abordaje exige por parte de todos nosotros hacerlo sin eufemismos, sin hipocresías y sabiendo que es fundamentalmente un problema de carácter social“.
El documento de la ONU aprobado en Viena a instancias de Argentina exhorta a los gobiernos a que “mejoren las medidas preventivas y desalienten la demanda que fomenta la explotación en todas sus formas y conduce a la trata de personas”, que es la forma contemporánea de la esclavitud”.
El informe argentino, en tanto, subrayó al respecto que “esa demanda es el efecto negativo de los clientes, los consumidores o los usuarios; por eso el Estado debe incluir en su legislación nacional, entre otras medidas, la posibilidad de aplicar sanciones penales o de otro tipo a los consumidores que deliberada o conscientemente usen los servicios de las víctimas”.
FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA , SEGURIDAD Y DDHH
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